OpoSERGASLa LO 1/2004 reconoce derechos laborales a las víctimas de violencia de género, pero no son idénticos para una trabajadora sujeta al Estatuto de los Trabajadores (art. 21) que para una funcionaria (arts. 24 a 26), y en ambos casos la situación se acredita por la vía del art. 23.
Dónde está cada cosa en la ley
- Título II, capítulo II: derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social (arts. 21 a 23).
- Título II, capítulo III: derechos de las funcionarias públicas (arts. 24 a 26).
Trabajadora y funcionaria: comparación
| Aspecto | Trabajadora (art. 21) | Funcionaria (arts. 24 y 25) |
|---|---|---|
| Tiempo de trabajo | Reducción o reordenación, en los términos del Estatuto de los Trabajadores | Reducción o reordenación, en los términos de su legislación específica |
| Movilidad | Movilidad geográfica, cambio de centro de trabajo y adaptación del puesto | Movilidad geográfica de centro de trabajo |
| Vínculo | Suspensión con reserva de puesto y extinción del contrato | Excedencia, en los términos de su legislación específica |
| Ausencias | Justificadas y remuneradas cuando lo determinen los servicios sociales de atención o los servicios de salud (art. 21.4) | Justificadas en los términos de su legislación específica (art. 25) |
| Acreditación | Art. 23 | Art. 26, que remite al art. 23 |
Además, según el art. 21.2, la suspensión y la extinción del contrato dan lugar a situación legal de desempleo, y el tiempo de suspensión cuenta como cotización efectiva a efectos de prestaciones de Seguridad Social y de desempleo.
Cómo se acredita la situación (art. 23)
- Sentencia condenatoria por cualquiera de las manifestaciones de violencia contra las mujeres previstas en la ley.
- Orden de protección u otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima.
- Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género.
- También puede acreditarse con informe de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida de la Administración pública competente, o por otro título, siempre que lo prevea la normativa sectorial del derecho de que se trate.
- En víctimas menores de edad, además, con documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial.
Ojo con los manuales antiguos. En 2004 solo valían la orden de protección y, excepcionalmente, el informe del Fiscal. Las demás vías las añadió el RDL 9/2018, y la LO 10/2022 (en vigor desde el 7/10/2022) incorporó los documentos sanitarios para menores.
El desarrollo en el empleo público
La LO 1/2004 remite para las funcionarias a su legislación específica. En el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, RDL 5/2015), el art. 49.d) regula el permiso por violencia de género o violencia sexual: las faltas de asistencia, totales o parciales, se consideran justificadas por el tiempo y en las condiciones que determinen los servicios sociales de atención o de salud, y la funcionaria mantiene sus retribuciones íntegras si reduce su jornada en un tercio o menos. El art. 89.5 regula la excedencia: sin tiempo mínimo de servicios previos ni plazo de permanencia exigible, con reserva del puesto los seis primeros meses (si las actuaciones judiciales lo exigen, prorrogable por tres meses, con un máximo de dieciocho) y retribuciones íntegras los dos primeros meses.
El personal estatutario se rige por su legislación específica y por el TREBEP, excepto los preceptos que enumera el art. 2.3 (el capítulo II del título III, salvo el art. 20, y los arts. 22.3, 24 y 84); los arts. 49 y 89 no figuran entre esas excepciones. El art. 49 fija mínimos; en el SERGAS rige además la Ley gallega 2/2015 de empleo público (art. 6).
Ejemplo práctico (ilustrativo)
Una trabajadora de un servicio de salud obtiene una orden de protección. Acredita su situación con ella (art. 23) y pide la reordenación de su horario. Si un día no puede acudir al trabajo por su situación psicológica y los servicios sociales de atención o de salud así lo determinan, esa ausencia se considerará justificada.
Truco para recordarlo
Regla propia, no oficial: «21 trabaja, 23 prueba, 24 funciona». El art. 21 es para trabajadoras, el 23 para la acreditación y los arts. 24 a 26 para funcionarias.
Dos preguntas de ejemplo
Pregunta 1
Según el art. 23 de la LO 1/2004, la situación de violencia de género que da lugar a los derechos laborales puede acreditarse mediante:
- Solo una sentencia condenatoria firme.
- Únicamente una declaración de la propia víctima.
- Una orden de protección o el informe del Ministerio Fiscal que indique indicios de violencia de género, entre otros medios.
- Exclusivamente un informe médico del centro de salud.
Solución: C. Son dos de las vías del art. 23. La A es falsa por restrictiva; la B no aparece en el artículo; la D, porque los documentos sanitarios solo se citan para víctimas menores de edad.
Pregunta 2
¿Qué artículos de la LO 1/2004 recogen los derechos de las funcionarias públicas víctimas de violencia de género?
- Los arts. 21 a 23.
- Los arts. 24 a 26.
- Los arts. 27 y 28.
- Solo el art. 21.
Solución: B. El capítulo III del título II (arts. 24 a 26) regula los derechos de las funcionarias. Los arts. 21 a 23 forman el capítulo II (derechos laborales y de Seguridad Social); el art. 27 pertenece al capítulo IV (derechos económicos) y el art. 21 se refiere a la trabajadora.
Referencias
- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, arts. 21 a 27 (BOE-A-2004-21760).
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, arts. 2.3, 49.d) y 89.5 (BOE-A-2015-11719).
Puedes ampliar con la ficha sobre qué regula la LO 1/2004, el artículo sobre perspectiva de género en el temario TCAE y la legislación del TCAE. Para practicar, crea tu cuenta en OpoSERGAS.