OpoSERGASUn procedimiento administrativo no termina solo con la resolución. El artículo 84 de la Ley 39/2015 añade el desistimiento, la renuncia y la caducidad, y sus plazos se confunden con facilidad con otros del procedimiento: diez días para subsanar (si no, se tiene por desistido), diez a quince para alegar en la audiencia y tres meses desde la advertencia para que opere la caducidad. Todo ello entra en el tema 9 de la parte específica (el procedimiento administrativo y su terminación).
Las formas de terminar (art. 84)
Ponen fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud (cuando no esté prohibida por el ordenamiento) y la declaración de caducidad. También lo termina la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, con resolución siempre motivada.
Desistir no es renunciar
El artículo 94 distingue ambas figuras: el interesado puede desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos, esto último cuando el ordenamiento jurídico no lo prohíba (art. 94.1). Ambas pueden hacerse por cualquier medio que permita dejar constancia, con las firmas que correspondan. Si la solicitud la presentaron varias personas, el desistimiento o la renuncia solo afecta a quienes lo formularon.
La Administración lo acepta «de plano» y declara concluso el procedimiento, salvo que haya terceros interesados personados que pidan su continuación en el plazo de diez días desde que se les notificó. Si el asunto afecta al interés general o conviene aclararlo, puede limitar los efectos al interesado y seguir adelante.
Plazos que no hay que mezclar
| Trámite | Artículo | Plazo |
|---|---|---|
| Subsanar la solicitud defectuosa | 68.1 | 10 días; si no se subsana, se tiene por desistido |
| Ampliar el plazo de subsanación | 68.2 | Hasta 5 días más, salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva |
| Alegaciones en el trámite de audiencia | 82.2 | No inferior a 10 días ni superior a 15 |
| Terceros que piden continuar tras un desistimiento o renuncia | 94.4 | 10 días desde la notificación |
| Caducidad por paralización imputable al interesado | 95.1 | 3 meses desde la advertencia sin que reanude la tramitación |
Los plazos en días son hábiles: se excluyen sábados, domingos y festivos (art. 30.2) y se cuentan desde el día siguiente a la notificación o publicación (art. 30.3). El de tres meses no se cuenta en días hábiles, sino de fecha a fecha (art. 30.4). Para repasar el cómputo tienes el artículo sobre plazos administrativos.
La caducidad, paso a paso
La caducidad del art. 95.1 solo afecta a los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, y requiere que se paralicen por causa imputable a él. No la confundas con la de los procedimientos iniciados de oficio en los que la Administración ejerce potestades sancionadoras o de intervención con efectos desfavorables: estos caducan si vence el plazo máximo sin resolución expresa (art. 25.1.b). El orden es este:
- La Administración le advierte de que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad.
- Si pasa ese plazo sin que el interesado haga lo necesario para reanudar la tramitación, se acuerda el archivo de las actuaciones y se le notifica.
- Contra la resolución que declara la caducidad caben los recursos pertinentes.
Tres precisiones que caen en el examen: la simple inactividad en un trámite que no es indispensable para resolver no genera caducidad, solo la pérdida del derecho a ese trámite (art. 95.2); la caducidad no produce por sí sola la prescripción de las acciones, pero el procedimiento caducado no interrumpe el plazo de prescripción (art. 95.3); y puede no aplicarse si la cuestión afecta al interés general o conviene sustanciarla para su definición y esclarecimiento (art. 95.4).
Un caso aplicado (ilustrativo)
Una persona presenta una solicitud sin adjuntar un documento preceptivo. La Administración la requiere para que lo aporte en diez días con la indicación de que, si no lo hace, se la tendrá por desistida. No responde: se dicta resolución de desistimiento. Otro caso distinto: el procedimiento está en marcha y se paraliza porque el interesado no aporta un documento indispensable. Entonces la Administración debe advertirle de la caducidad y esperar tres meses antes de archivar.
Truco para recordarlo
Regla propia, no una sigla oficial: «diez para subsanar, diez a quince para alegar, tres meses tras el aviso para caducar». Y para las figuras: desisto de «lo que pedí» (la solicitud), renuncio a «lo que tengo» (el derecho).
Dos preguntas de práctica
1. Según el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que la subsane en un plazo de:
- Cinco días.
- Diez días.
- Quince días.
- Un mes.
Solución: B. Cinco días es la ampliación máxima del apartado 2; quince días es el límite superior del trámite de audiencia (art. 82.2); un mes no figura en el artículo.
2. Un procedimiento iniciado a solicitud del interesado se paraliza por causa imputable a este. Para que se produzca la caducidad, la Administración debe:
- Declararla de inmediato, sin avisar.
- Advertirle de que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad.
- Esperar seis meses y notificarle el archivo.
- Resolver el fondo del asunto en sentido desestimatorio.
Solución: B. La A omite la advertencia previa que exige el artículo 95.1. La C cambia el plazo: son tres meses, no seis. La D confunde la caducidad con la resolución sobre el fondo, que es otra forma de terminar (art. 84).
Referencias
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 68, 82, 84, 94 y 95 (texto consolidado): boe.es.
- Resolución de 1 de marzo de 2018, DG de Recursos Humanos del SERGAS (DOG núm. 51, de 13/3/2018), anexo II, parte específica, temas 8 y 9: xunta.gal.
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