Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común: guía para oposiciones SERGAS

Qué es la Ley 39/2015 y por qué cae

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), regula cómo se relacionan los ciudadanos con la Administración y cómo se tramita un expediente: iniciación, ordenación, instrucción, finalización, ejecución y recursos. Es una de las normas más preguntadas en los temarios administrativos del SERGAS, y también se estudia, con distinta profundidad, en otras categorías. Antes de estudiarla, comprueba en el Anexo II de tu convocatoria en qué tema y con qué alcance figura para tu categoría.

Una de las razones por las que genera tantas preguntas es que casi todo en ella son plazos y excepciones: cuándo empieza a contar un plazo, quién está obligado a la vía electrónica, qué silencio se aplica y qué recurso cabe contra qué. La clave es no memorizar frases sueltas, sino organizar la ley en bloques.

Mapa de artículos que más se preguntan

Administración electrónica: identificación, firma, registro y obligados

La ley parte de que la relación electrónica es una opción para la persona física y una obligación para otros colectivos.

• Identificación (art. 9) y firma (art. 10). Los interesados pueden identificarse electrónicamente ante las Administraciones por los sistemas que ésta admita, y firmar mediante los sistemas del art. 10, entre ellos la firma electrónica cualificada y avanzada. En la normativa antigua se hablaba de firma «reconocida»; hoy el término vigente en el Reglamento europeo eIDAS es «cualificada».
• Derecho de elección (art. 14.1). Las personas físicas pueden elegir en todo momento si se comunican con la Administración por medios electrónicos o no, y pueden cambiar esa elección.
• Obligados (art. 14.2): a) las personas jurídicas; b) las entidades sin personalidad jurídica; c) quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites derivados de ella; d) quienes representen a un obligado; e) los empleados de las Administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición.
• Registro Electrónico General (art. 16). Cada Administración dispone de uno donde se hace constar el asiento de todo documento presentado o recibido.

Como los empleados públicos están en el art. 14.2.e, quien trabaja en el SERGAS está obligado a la vía electrónica en sus trámites con la Administración por razón de su cargo. Sobre derechos del ciudadano, mira Derechos del ciudadano en el art. 13 de la Ley 39/2015; sobre documentos, Copias auténticas en la Ley 39/2015.

Plazos: obligación de resolver, silencio y cómputo

Plazo máximo para resolver (art. 21)

La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos. El plazo lo fija la norma reguladora del procedimiento y no puede exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley o el Derecho de la Unión Europea establezcan uno mayor. Si la norma no lo fija, el plazo es de tres meses. Se cuenta desde la fecha del acuerdo de iniciación, si el procedimiento se inició de oficio, o desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente, si se inició a instancia del interesado.

Silencio administrativo (arts. 24 y 25)

Una excepción al silencio desestimatorio en los recursos: en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones el silencio es desestimatorio, salvo cuando el recurso de alzada se interpone contra la desestimación por silencio de una solicitud; en ese caso se entiende estimado si el órgano competente no resuelve en plazo (art. 24.1, último párrafo). Más práctica en Silencio administrativo positivo y negativo.

Cómputo de plazos (art. 30)

• Si se señalan por días, son hábiles: se excluyen sábados, domingos y festivos.
• Si se señalan por meses o años, se cuentan de fecha a fecha.
• El cómputo empieza el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación, o a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio.
• Si el último día del plazo es inhábil, se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente.

Ejemplos y casos prácticos en Cómo calcular plazos administrativos: días hábiles y naturales.

Notificaciones y subsanación

• Plazo para notificar (art. 40.2): la resolución o acto debe notificarse en el plazo de diez días a partir de la fecha en que se dicte, con el texto íntegro, indicando si es definitivo en la vía administrativa, los recursos que procedan, el órgano ante el que presentarlos y el plazo.
• Medios (art. 41): la notificación se practica preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado esté obligado a recibirla así.
• Comparecencia en sede (art. 43): las notificaciones electrónicas se entienden practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido y rechazadas cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición sin acceder a ellas (art. 43.2).
• Subsanación (art. 68): si la solicitud no reúne los requisitos, se requiere al interesado para que subsane en diez días, con la advertencia de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido. Cuando el requerimiento se refiere a procesos selectivos o de concurrencia competitiva, la ampliación de plazo de cinco días del art. 68.2 no es aplicable.

Más sobre el tema: Notificaciones electrónicas y plazos.

Recursos administrativos (arts. 112 y 121-125)

El art. 112 dispone que contra las resoluciones y actos de trámite cualificados cabe recurso de alzada y de reposición. Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa: solo el contencioso-administrativo. La clave del examen es no mezclar plazos ni órganos.

Tres detalles muy preguntados: contra la resolución de un recurso de alzada no cabe ningún otro recurso administrativo salvo el extraordinario de revisión (art. 122.3); el recurso de reposición es potestativo y, si se interpone, no se puede acudir al contencioso hasta que se resuelva expresamente o se produzca el silencio (art. 123.2); y los tribunales y órganos de selección se consideran dependientes del órgano al que estén adscritos para el alzada (art. 121.2). Esto último afecta directamente a quien impugna una calificación de un proceso selectivo. Detalles en Ley 39/2015 y recursos: plazos.

Cómo lo preguntan en el examen

Pregunta 1. ¿Cuál es el plazo máximo para resolver y notificar cuando la norma reguladora del procedimiento no fija ninguno? A) Un mes. B) Dos meses. C) Tres meses. D) Seis meses. Respuesta: C. Art. 21.3. El límite de seis meses es el techo del plazo fijado por la norma, no el supletorio.

Pregunta 2. En un procedimiento iniciado a solicitud del interesado que no se resuelve en plazo, ¿cuál es la regla general? A) Silencio desestimatorio. B) Caducidad. C) Silencio estimatorio. D) Desistimiento. Respuesta: C. Art. 24.1, con las excepciones tasadas.

Pregunta 3. Se notifica un acto expreso el lunes 5. ¿Cuál es el plazo de interposición del recurso de alzada? A) 15 días hábiles. B) Un mes. C) Dos meses. D) Tres meses. Respuesta: B. Art. 122.1. Contará desde el día siguiente a la notificación.

Errores y trampas habituales

• Decir que el silencio es siempre negativo. En solicitudes, la regla es estimatoria; las excepciones están en el art. 24.1.
• Contar sábados en los plazos por días. No se cuentan (art. 30.2).
• Confundir alzada y reposición. La alzada va al superior jerárquico; la reposición, al mismo órgano.
• Dar un único plazo para el silencio. Con acto presunto el recurso se puede interponer en cualquier momento (arts. 122.1 y 124.1).
• Creer que contra un reglamento cabe alzada. No cabe recurso administrativo contra disposiciones generales (art. 112.3).
• Olvidar la distinción entre procedimientos iniciados a solicitud y de oficio (arts. 24 y 25).

Referencias oficiales

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: arts. 9, 10, 13, 14, 16, 21, 24, 25, 30, 40, 41, 43, 68, 112 y 121-125; disposición final séptima (texto consolidado en el BOE).
• Constitución Española, art. 29 (derecho de petición).

Otras guías relacionadas: Preguntas trampa de las leyes 39 y 40. Landing de preparación: Auxiliar Administrativo del SERGAS.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo entró en vigor la Ley 39/2015?

Un año después de su publicación en el BOE, según su disposición final séptima, es decir, el 2 de octubre de 2016. Sustituyó en lo esencial a la Ley 30/1992 en materia de procedimiento administrativo común.

¿Cuál es el plazo máximo para resolver si la norma no fija otro?

Tres meses (art. 21.3). Cuando la norma reguladora fija un plazo, no puede exceder de seis meses salvo que una ley o el Derecho de la Unión Europea establezcan uno mayor (art. 21.2).

¿Qué plazo hay para interponer recurso de alzada?

Un mes si el acto es expreso. Si no lo es, es decir, si hay silencio administrativo, el plazo para recurrir es en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio (art. 122.1).

¿El silencio administrativo siempre es negativo?

No. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la regla general es el silencio estimatorio; es desestimatorio en los supuestos del art. 24.1, como el derecho de petición del art. 29 de la Constitución, o los que impliquen transferencia al solicitante de facultades relativas al dominio público o al servicio público. En los iniciados de oficio, el art. 25 distingue según el caso.

¿Se cuentan los sábados en los plazos por días?

No. Cuando los plazos se señalan por días, se entiende que son hábiles, y se excluyen del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos (art. 30.2). El cómputo empieza el día siguiente a la notificación o publicación (art. 30.3).

¿Quién está obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración?

Según el art. 14.2: las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se exija colegiación obligatoria, quienes representen a un obligado y los empleados de las Administraciones públicas para los trámites que realicen por razón de su condición. Las personas físicas pueden elegir (art. 14.1).